La protección legal de una denominación de origen (DO) en el mundo del café no ocurre por sí sola: requiere un proceso complejo que involucra legislación, regulación, control de calidad y colaboración entre productores, gobiernos y entidades internacionales. El objetivo es evitar el uso indebido del nombre de una región y garantizar que el café que lo lleva sea auténtico y represente fielmente su lugar de origen.
En primer lugar, el país productor debe tener una legislación que reconozca las Indicaciones Geográficas (IG) o Denominaciones de Origen como figuras legales. Esto ocurre, por ejemplo, en Colombia, México, Perú y Costa Rica. Estas leyes permiten a los productores registrar un nombre geográfico —como «Huila» o «Chiapas»— para protegerlo contra su uso no autorizado.
Una vez reconocido localmente, el siguiente paso es registrar la DO a nivel internacional, en especial si se busca exportar a mercados exigentes como la Unión Europea o Estados Unidos. Esto puede hacerse a través de tratados como el Acuerdo de Lisboa (WIPO), o bajo el sistema de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la UE. Colombia, por ejemplo, registró “Café de Colombia” en Europa como IGP, convirtiéndose en un caso modelo de protección global.
Además de los registros legales, debe existir un consejo regulador o entidad certificadora que establezca las normas de producción, trazabilidad y calidad para el uso del nombre protegido. Este organismo verifica que los cafés que llevan la DO cumplan con condiciones técnicas (altitud, variedades, procesamiento, perfil sensorial) y sociales (origen certificado, prácticas éticas). Solo así se puede garantizar la integridad del sistema.
Un aspecto clave es la trazabilidad: el consumidor debe poder seguir el camino del café desde la finca hasta la taza. Esto no solo respalda la autenticidad del producto, sino que también permite defenderlo frente a falsificaciones o mezclas no autorizadas. Por eso muchos orígenes exigen lotes separados, registros de cosecha, códigos QR e incluso certificaciones digitales.
La protección también implica promoción y defensa activa del nombre. Es decir, si una empresa utiliza el nombre de la región sin cumplir los requisitos, el consejo regulador o el país deben intervenir para evitar el uso indebido. Esto ha sucedido con nombres como “Huila” o “Sidamo”, que han sido utilizados por marcas sin tener conexión real con los productores locales.
En síntesis, proteger una denominación de origen en café es más que colocar un nombre bonito en la etiqueta: es un sistema jurídico, técnico y cultural que conecta a productores con consumidores, promueve la equidad y resguarda la diversidad cafetera del planeta.
